- Deben actuar en coadyuvancia o suplencia con su par estatal en la atención de delitos que se cometan contra este sector poblacional: Araceli González
Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 11 de febrero de 2025.– La Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz debe capacitar a sus pares municipales para que conozcan cuáles son los procedimientos que deben seguir y brindar un mejor servicio a quienes lo soliciten.
Esto lo aseguró Araceli González Saavedra, representante de la organización Equifonía A. C. Voces por la Libertad, quien dijo que estas instituciones deben actuar en coadyuvancia o suplencia en la atención de los delitos que se cometen contra este sector de la población, ya que cuando hay una omisión de cuidados, pueden incluso tomar la custodia temporal de las y los niños y adolescentes para ver qué derechos han sido vulnerados y restituirlos.
Lamentó que no en todos los ayuntamientos se les dé el peso que tiene esta área, de ahí que desde la Procuraduría estatal se les dé la capacitación para que sepan qué hacer. Por ejemplo, en lo referente a la omisión de cuidados por parte de las familias en una edad temprana, y entre más temprana sea, es más difícil que puedan recibir algún apoyo externo a la familia. Por lo tanto, es importante dar seguimiento a las denuncias.
Sin embargo, admitió que, al no ser contactadas por la familia o no pedirles su intervención, “no podemos hacerlo, pero si tenemos conocimiento de la comisión de un delito sí acudimos a las procuradurías municipales, y no en todos los casos dan seguimiento”.
Señaló que las procuradurías municipales pueden acudir a las escuelas, hacer visitas domiciliarias, pedir a las familias, e incluso, una inspección ocular del espacio donde está el niño o niña. Sin embargo, hay gobiernos municipales que no contratan de tiempo completo a alguien que ocupe este cargo, debidamente profesionalizado, lo cual contribuye a que no se fortalezcan estas áreas y aumenta la vulnerabilidad de los menores.
Citó el caso de un municipio de las Altas Montañas, en donde a una niña se le negó el derecho a la educación, y cuando la mamá acudió, ni siquiera la recibieron. Hay una serie de vulneraciones, no solo a los derechos de la menor, sino también a los de la mamá.
“De ahí la importancia de considerar el papel de las escuelas, pues muchas veces son los docentes quienes notan o se enteran de que hay una situación de vulnerabilidad, y tampoco hay esa coordinación entre las instituciones que podrían detener algún riesgo y prevenir la comisión de un delito entre las y los niños y adolescentes”, concluyó.

