* Jairo Guarneros Sosa, del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba, indicó que no hay reglamento que respalde estos autobuses, lo que viola la ley
* Es injusto que a nosotros nos exijan cumplir con todas las normas y a ellos les permitan operar al margen de la ley», señaló
Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas
Orizaba, Ver., 11 de octubre del 2024.- La reanudación del servicio de autobuses Gallo y Búho en Orizaba ha generado una fuerte polémica entre algunos sectores, pues para ciertos prestadores del servicio de transporte público, su operación es totalmente ilegal, consideró el asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa.
En entrevista, explicó que no existe ningún reglamento que avale el funcionamiento de estos autobuses, lo que representa una clara violación a la ley. «El presidente municipal, Juan Manuel Diez Francos, está utilizando su poder para imponer su voluntad y beneficiar a unos cuantos», señaló Guarneros.
El representante de los taxistas expresó su preocupación por la posible influencia de la gobernadora electa, Rocío Nahle, en esta situación. «Es alarmante que alguien que aún no es autoridad pretenda legalizar lo que claramente va en contra de la normativa vigente», afirmó.
Guarneros Sosa destacó que la competencia desleal que representan los autobuses Gallo y Búho no es tanto para los taxistas, sino para las líneas de transporte público que cuentan con las autorizaciones correspondientes. «Es injusto que a nosotros nos exijan cumplir con todas las normas y a ellos les permitan operar al margen de la ley», indicó.
El asesor de GRITO señaló que las autoridades de Transporte Público están siendo permisivas con los autobuses irregulares, mientras que a los taxistas se les aplican sanciones severas por cualquier infracción. «Esto demuestra una clara desigualdad en la aplicación de la ley», denunció.
Guarneros Sosa hizo un llamado a las autoridades competentes para que pongan fin a esta situación y se aplique la ley de manera equitativa para todos los prestadores de servicio de transporte público.