Y fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra, la que ayer se llevó un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al frente de la cual se encuentra la ministra Norma Piña. Y es que resulta que el máximo tribunal validó los preceptos de leyes del estado de Yucatán que establecen el requisito consistente en no ser persona deudora alimentaria morosa para poder acceder a cargos públicos y candidaturas independientes, algo que el órgano autónomo impugnó el 31 de mayo del 2021. De esta manera, nos comentan, queda firme la llamada ley 3 de 3 yucateca, pues tiene como propósito “la protección transversal del derecho fundamental a recibir alimentos”. Por cierto que el resolutivo no sólo es un revés para la CNDH, sino un precedente para que otras entidades eventualmente lo puedan incluir en sus leyes. Ahí el dato. | Se lee en “Rozones” de La Razón.
